6.22.2010

No tiene la culpa el derecho, sino aquél que lo interpreta


LA CONJURA DE LOS JUECES


Existe una conjura de los jueces contra la Justicia. Los miembros de los poderes judiciales del mundo unidos en una conspiración contra la justicia y el sentido común del Derecho. La Hermandad del Edicto Perpetuom es, al parecer, el nombre de esta organización conspiracionista aunque no podemos confirmar su existencia. Durante siglos, el complot se manifestó en omisiones de los tribunales, en un no hacer por la justicia. Sin embargo, sobradas y actuales evidencias demuestran un cambio de estrategia: acciones contundentes contra cualquier intento de alcanzar por medio del Derecho y por vías judiciales, soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica (diría un gran maestro).

El juez español Baltasar Garzón fue suspendido de su cargo mediante un proceso judicial en su contra por investigar los crímenes del franquismo. Ésta era una exigencia social de justicia nacida en un amplio sector de la sociedad española y de la comunidad internacional. En uso de sus facultades jurisdiccionales, el juez español interpreta la ley con criterios basados en las fuentes formales del Derecho, y sobre todo, con un sentido común del Derecho y la justicia que le permitiera como juez satisfacer una demanda de justicia social.

La reacción de los conspiracionistas fue inmediata y ejemplar: juzgar al juez. Iniciar un proceso por prevaricación judicial, y acusar que la interpretación del juez Garzón fue “a sabiendas de su antijuridicidad”. La “antijuridicidad” consiste en que lo dicho por Garzón es contrario a los intereses de los jueces conjurados, monopolistas de la verdad y la interpretación válida del Derecho.

Actualmente, el juez Baltasar Garzón se encuentra suspendido aunque el proceso judicial aún no concluye. No sabemos que acciones tomarán los conjurados, pero sabemos de buenas fuentes que por el otro lado, en la sociedad que exige justicia, hay cerca de un MILLÓN de FIRMAS para APOYO al GRAN JUEZ BALTASAR GARZÓN (y hasta el momento que se cierra esta nota a 256,152 personas les gusta eso).

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quiso hacer justicia en el caso de los 49 infantes muertos en el incendio de la guardería pública ABC en Hermosillo, Sonora. El Máximo Tribunal mexicano, en ejercicio de la facultad de investigación de hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales, determinó que sí hubo una violación de las garantías individuales de los 49 bebés muertos pero que no culpa ni exonera a nadie de ello.

En otras palabras, es decisión de la Corte no buscar la justicia, a pesar de la exigencia popular, en un caso trágico que es consecuencia de la irresponsabilidad y corrupción de los funcionarios públicos.

El ministro progresista Arturo Zaldivar (apoyado por brillantes argumentos de la ministra Olga Sánchez Cordero y por el consecuente y constante ministro Juan Silva Meza) presentó una serie de argumentos jurídicos por medio de los cuáles, de acuerdo a su interpretación, la SCJN no sólo podía sino debía, por una razón política y moral, responsabilizar a funcionarios públicos (con nombre y apellido) que administraron las instituciones gubernamentales y de seguridad social y que tenían la obligación de vigilar todos los procesos necesarios para que no ocurran este tipo de tragedias.

La interpretación se construía con criterios amplios, basados nuevamente en las fuentes formales del Derecho y como el argumento más importante, un sentido común de justicia en el Derecho. El ministro Zaldivar daba razón de la necesidad de hacer una interpretación del artículo 97 de la Constitución que diera respuesta a una demanda totalmente legítima de unos padres de familia y de una sociedad que pide a gritos encontrar en el Derecho algo que siempre les ha prometido: justicia.

El ministro Zaldivar propuso que dicha facultad –extraordinaria y especialísima- debe entenderse de acuerdo al rol constitucional que tiene la Suprema Corte en el nuevo sistema democrático: un garante supremo, revestido de la mayor autoridad constitucional, política y moral de los derechos establecidos por la Constitución. La función de la SCJN es la de señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas. Y planteaba una pregunta que todo México se hace: Tenemos cuarenta y nueve razones para ello, si la muerte de cuarenta y nueve niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?

Sin embargo, el Alto Tribunal, guardianes de la Constitución y del Derecho, decidió actuar dentro de los límites estructurales que la Carta Magna establece. Esos límites estructurales no los establece la Constitución, los estableció la SCJN cuando interpretaron el artículo 97 constitucional en ocasiones anteriores (el eterno discurso autorreferencial del Derecho).

En la discusión de la Corte no sólo se desestimó la interpretación del engarzonado ministro Zaldivar, sino que fue atacada como insostenible jurídicamente. Los ministros opositores se dedicaron a desacreditar el proyecto de dictamen con argumentos legaloides y propios de eso que un italiano muy famoso ha llamado el paleopositivismo. Incluso el ministro José Ramón Cossío, todavía en casos recientes, paladín de la justicia constitucional y cuyos criterios vanguardistas de interpretación habían sorprendido, presentó argumentos añejos y con olor a naftalina respecto a la moral y el Derecho.

Es la conjura de los jueces. No se espere justicia en las Cortes, los Tribunales o en los Juzgados. Es más, no se espere justicia del Derecho. Porque el Derecho debe ser interpretado para que tenga sentido. La interpretación de un acontecimiento o un fenómeno siempre es una perspectiva subjetiva. En el caso del Derecho -además de la ya mencionada Hermandad del Edictum Perpetuom- la hace un sujeto que no quiere hacer justicia ni darle al Derecho el sentido común que la sociedad espera. La interpretación válida del Derecho la llevan a cabo aquellos que están conjurados contra la justicia.


Fuente foto: www.cardozo.yu.edu/.../wigs/group-of-judges.jpg


1 comentario:

Anónimo dijo...

Actuar con energía!
Me gusta, pero… 49 razones son escasas para dicha motivación, existen más de 49 razones, y sin embargo, no se actúa.
Quizá los conjurados somos esta sociedad que a pesar de consciente no hace NADA, los miembros de los poderes judiciales, políticos y de la comunicación etc. pisotean nuestros derechos que con sangre ha ganado el pueblo mexicano a través de la historia, matan a nuestros padres, hermanos e hijos en nombre de una guerra que parece una mala teatralidad del gobierno, y sin embargo, no hacemos nada, y los valientes que levantan la voz, la mano y hasta las armas les cobra caro la vida.
¿Qué le pasa a la sociedad? Somos los responsables de la apatía e incompetencia que es incapaz de pedir justicia de 49 inocentes. Que mas necesitamos para dejar la cobardía? O el conjuro que no nos permite actuar?