¿Qué propone Juan Silva Meza?

¿Qué propone Juan Silva Meza para la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

De acuerdo con el Reglamento Interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los aspirantes a presidir el máximo órgano jurisdiccional deben presentar líneas generales conforme a las cuales desarrollarían dicha función.

El ministro Juan Silva Meza, único contendiente por el cargo, presentó en la sesión del lunes 6 de diciembre, dichas líneas generales . De este hecho, se concluye que el ministro es el “único” candidato. Esto no debe confundirse o leerse en sentido negativo. El ministro Juan Silva Meza no es “sólo” el único candidato, sino el mejor para presidir a la SCJN.

Las razones de esta afirmación no se derivan sólo de la historia personal y profesional del ministro, sino también por las líneas de trabajo que ha propuesto a consideración del Pleno. De estas líneas rescatamos las siguientes ideas generales en las que analiza cuál es el papel de la SCJN, platea líneas generales innovadoras y cierra con una visión de lo que debe ser el Poder Judicial.



El primer punto que queremos rescatar del documento es el siguiente: al hablar de las funciones que debe de tener la SCJN, Silva Meza reconoce como una de las principales que “debe proteger y expandir los derechos fundamentales de la población”. Resaltamos la palabra expandir. La idea general de expandir nos lleva a suponer que en el tema de los derechos fundamentales, la Corte debe llevar a cabo una labor proactiva y propositiva de la justicia para lograr ampliar el alcance de estos derechos.

Segundo. El documento propone entender a la SCJN en dos vertientes: una respecto a su confirmación como el más alto Tribunal del país; y, la otra, su consolidación como instancia que diagnostica, propone y articula los cambios requeridos por la impartición de justicia en México. Con esta idea, Juan Silva Meza propone también una corte más activa y con un papel fundamental en la transformación del Poder Judicial y en la administración de justicia.

Respecto a las líneas generales de trabajo, lo primero que proponer Juan Silva Meza es la Reorientación de los métodos operativo y decisorio del tribunal constitucional.
La premisa de la que parte es que:

"(…)la naturaleza y complejidad de la impartición de justicia, entendida como una obligación del Estado, hace que la mirada de la sociedad se dirija precisamente al análisis de la consistencia e imparcialidad de las decisiones y criterios de los jueces constitucionales.
Bajo estas consideraciones, es viable que los jueces constitucionales contemplen una reorientación de los métodos operativo y decisorio del Tribunal Pleno. Con relación al método operativo, el objetivo central es que sus integrantes se descarguen de tareas administrativas, así como de asuntos jurisdiccionales no trascendentes, para concentrar su atención en los asuntos realmente relevantes a partir de los cuales se construya la jurisprudencia constitucional en forma más uniforme y coherente.
Por su parte, la reorientación del método decisorio comprende dos componentes: el primero de ellos, de carácter procesal, conlleva la necesidad de plantear formas de deliberación más eficaces, que agilicen en tiempo y forma la emisión de las sentencias, a la vez que permitan favorecer la transparencia de las mismas. El segundo componente, de naturaleza sustantiva, se refiere al imperativo de avanzar en la construcción de una línea jurisdiccional uniforme y coherente que, con una visión sistémica, permita que el alto Tribunal defina una matriz constitucional compuesta por directrices decisorias mínimas para la resolución de sus casos. El parámetro fundamental de esta matriz debe ser la categoría jurídica del Estado constitucional, federal, democrático y social de Derecho".

La segunda línea de trabajo: Consideración e impulso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en las sentencias:

"Por sus atribuciones como intérprete del texto constitucional y como máxima instancia del sistema de impartición de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la función capital de proteger los derechos fundamentales de la población. En los últimos años, la sociedad mexicana ha sido cada vez más consciente del peso específico que la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen para mantener una convivencia constitucional, basada en la aplicación de la ley y la vigencia del Estado de Derecho.
En el contexto nacional, la suscripción y ratificación de diversos instrumentos internacionales por los Poderes estatales competentes, ha sido un factor que ha expandido y fortalecido la tutela del Estado mexicano sobre los derechos y garantías de la población. Sin embargo, es un hecho que no se han articulado adecuadamente los preceptos del derecho internacional con el orden jurídico nacional.
Por esta razón, es importante que el Tribunal Constitucional enriquezca sus argumentaciones jurídicas con una mayor recurrencia a los instrumentos del derecho internacional en materia de derechos humanos. La interpretación y las decisiones que se tomen en esta vertiente, permearán en el trabajo de los jueces federales y de la propia justicia local, con el consecuente beneficio de los individuos que solicitan acceder a los servicios judiciales en ambos órdenes".

Las otras líneas de trabajo muestran también innovaciones en la forma de entender la labor del máximo órgano jurisdiccional del país. Esas líneas son las siguientes.
- SISTEMATIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA
- DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TRABAJO E INFORMACIÓN JURISDICCIONAL
- CONSOLIDACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO
- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA PROACTIVA
- VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Por último, el documento del ministro expone sus ideas respecto a lo que debe ser Poder Judicial de la Federación en el futuro cercano:

"Los retos que enfrentan el Estado y la sociedad, marcados por la urgente necesidad de revertir la desigualdad social, de mejorar los niveles de seguridad pública, de abolir la impunidad y la plena adopción y ejercicio de los valores de la democracia, requieren de juzgadores que cumplan su misión como garantes de los principios y ordenamientos contenidos en la Constitución Política y las leyes que de ella emanan, para, a través de sus resoluciones, generar más orden, tranquilidad, estabilidad y paz sociales. Para cumplir cabalmente con esta misión y con el fin de continuar el acercamiento a la sociedad, es impostergable reafirmar nuestro compromiso con la transparencia judicial, procurando que, con respeto a los más altos estándares de racionalidad jurídica, nuestras resoluciones sean claras y accesibles".

Estas líneas breves pero consistentes y que muestran a un ministro preocupado por reformar y transformar el Poder Judicial, y que concibe el trabajo del Presidente de la Corte como punta de lanza para transformar el Poder Judicial. Esta propuesta y además de una trayectoria congruente con este pensamiento, confirman que Juan Silva Meza no es sólo el único sino el mejor candidato a presidir la Corte.

¿Qué propone Juan Silva Meza?

¿Qué propone Juan Silva Meza para la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

De acuerdo con el Reglamento Interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los aspirantes a presidir el máximo órgano jurisdiccional deben presentar líneas generales conforme a las cuales desarrollarían dicha función.

El ministro Juan Silva Meza, único contendiente por el cargo, presentó en la sesión del lunes 6 de diciembre, dichas líneas generales . De este hecho, se concluye que el ministro es el “único” candidato. Esto no debe confundirse o leerse en sentido negativo. El ministro Juan Silva Meza no es “sólo” el único candidato, sino el mejor para presidir a la SCJN.

Las razones de esta afirmación no se derivan sólo de la historia personal y profesional del ministro, sino también por las líneas de trabajo que ha propuesto a consideración del Pleno. De estas líneas rescatamos las siguientes ideas generales en las que analiza cuál es el papel de la SCJN, platea líneas generales innovadoras y cierra con una visión de lo que debe ser el Poder Judicial.

El primer punto que queremos rescatar del documento es el siguiente: al hablar de las funciones que debe de tener la SCJN, Silva Meza reconoce como una de las principales que “debe proteger y expandir los derechos fundamentales de la población”. Resaltamos la palabra expandir. La idea general de expandir nos lleva a suponer que en el tema de los derechos fundamentales, la Corte debe llevar a cabo una labor proactiva y propositiva de la justicia para lograr ampliar el alcance de estos derechos.

Segundo. El documento propone entender a la SCJN en dos vertientes: una respecto a su confirmación como el más alto Tribunal del país; y, la otra, su consolidación como instancia que diagnostica, propone y articula los cambios requeridos por la impartición de justicia en México. Con esta idea, Juan Silva Meza propone también una corte más activa y con un papel fundamental en la transformación del Poder Judicial y en la administración de justicia.

Respecto a las líneas generales de trabajo, lo primero que proponer Juan Silva Meza es la Reorientación de los métodos operativo y decisorio del tribunal constitucional.
La premisa de la que parte es que:
(…)la naturaleza y complejidad de la impartición de justicia, entendida como una obligación del Estado, hace que la mirada de la sociedad se dirija precisamente al análisis de la consistencia e imparcialidad de las decisiones y criterios de los jueces constitucionales.
Bajo estas consideraciones, es viable que los jueces constitucionales contemplen una reorientación de los métodos operativo y decisorio del Tribunal Pleno. Con relación al método operativo, el objetivo central es que sus integrantes se descarguen de tareas administrativas, así como de asuntos jurisdiccionales no trascendentes, para concentrar su atención en los asuntos realmente relevantes a partir de los cuales se construya la jurisprudencia constitucional en forma más uniforme y coherente.
Por su parte, la reorientación del método decisorio comprende dos componentes: el primero de ellos, de carácter procesal, conlleva la necesidad de plantear formas de deliberación más eficaces, que agilicen en tiempo y forma la emisión de las sentencias, a la vez que permitan favorecer la transparencia de las mismas. El segundo componente, de naturaleza sustantiva, se refiere al imperativo de avanzar en la construcción de una línea jurisdiccional uniforme y coherente que, con una visión sistémica, permita que el alto Tribunal defina una matriz constitucional compuesta por directrices decisorias mínimas para la resolución de sus casos. El parámetro fundamental de esta matriz debe ser la categoría jurídica del Estado constitucional, federal, democrático y social de Derecho.

La segunda línea de trabajo: Consideración e impulso de los instrumentos internacionales de derechos humanos en las sentencias:
Por sus atribuciones como intérprete del texto constitucional y como máxima instancia del sistema de impartición de justicia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la función capital de proteger los derechos fundamentales de la población. En los últimos años, la sociedad mexicana ha sido cada vez más consciente del peso específico que la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen para mantener una convivencia constitucional, basada en la aplicación de la ley y la vigencia del Estado de Derecho.
En el contexto nacional, la suscripción y ratificación de diversos instrumentos internacionales por los Poderes estatales competentes, ha sido un factor que ha expandido y fortalecido la tutela del Estado mexicano sobre los derechos y garantías de la población. Sin embargo, es un hecho que no se han articulado adecuadamente los preceptos del derecho internacional con el orden jurídico nacional.
Por esta razón, es importante que el Tribunal Constitucional enriquezca sus argumentaciones jurídicas con una mayor recurrencia a los instrumentos del derecho internacional en materia de derechos humanos. La interpretación y las decisiones que se tomen en esta vertiente, permearán en el trabajo de los jueces federales y de la propia justicia local, con el consecuente beneficio de los individuos que solicitan acceder a los servicios judiciales en ambos órdenes.

Las otras líneas de trabajo muestran también innovaciones en la forma de entender la labor del máximo órgano jurisdiccional del país. Esas líneas son las siguientes.
- SISTEMATIZACIÓN Y CATALOGACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

- DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS APLICADAS AL TRABAJO E INFORMACIÓN JURISDICCIONAL
- CONSOLIDACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO
- DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA PROACTIVA

- VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Por último, el documento del ministro expone sus ideas respecto a lo que debe ser Poder Judicial de la Federación en el futuro cercano:
Los retos que enfrentan el Estado y la sociedad, marcados por la urgente necesidad de revertir la desigualdad social, de mejorar los niveles de seguridad pública, de abolir la impunidad y la plena adopción y ejercicio de los valores de la democracia, requieren de juzgadores que cumplan su misión como garantes de los principios y ordenamientos contenidos en la Constitución Política y las leyes que de ella emanan, para, a través de sus resoluciones, generar más orden, tranquilidad, estabilidad y paz sociales. Para cumplir cabalmente con esta misión y con el fin de continuar el acercamiento a la sociedad, es impostergable reafirmar nuestro compromiso con la transparencia judicial, procurando que, con respeto a los más altos estándares de racionalidad jurídica, nuestras resoluciones sean claras y accesibles.
Estas líneas breves pero consistentes y que muestran a un ministro preocupado por reformar y transformar el Poder Judicial, y que concibe el trabajo del Presidente de la Corte como punta de lanza para transformar el Poder Judicial. Esta propuesta y además de una trayectoria congruente con este pensamiento, confirman que Juan Silva Meza no es sólo el único sino el mejor candidato a presidir la Corte.

No tiene la culpa el derecho, sino aquél que lo interpreta

LA CONJURA DE LOS JUECES

Existe una conjura de los jueces contra la Justicia. Los miembros de los poderes judiciales del mundo unidos en una conspiración contra la justicia y el sentido común del Derecho. La Hermandad del Edicto Perpetuom es, al parecer, el nombre de esta organización conspiracionista aunque no podemos confirmar su existencia. Durante siglos, el complot se manifestó en omisiones de los tribunales, en un no hacer por la justicia. Sin embargo, sobradas y actuales evidencias demuestran un cambio de estrategia: acciones contundentes contra cualquier intento de alcanzar por medio del Derecho y por vías judiciales, soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica (diría un gran maestro).

El juez español Baltasar Garzón fue suspendido de su cargo mediante un proceso judicial en su contra por investigar los crímenes del franquismo. Ésta era una exigencia social de justicia nacida en un amplio sector de la sociedad española y de la comunidad internacional. En uso de sus facultades jurisdiccionales, el juez español interpreta la ley con criterios basados en las fuentes formales del Derecho, y sobre todo, con un sentido común del Derecho y la justicia que le permitiera como juez satisfacer una demanda de justicia social.

La reacción de los conspiracionistas fue inmediata y ejemplar: juzgar al juez. Iniciar un proceso por prevaricación judicial, y acusar que la interpretación del juez Garzón fue “a sabiendas de su antijuridicidad”. La “antijuridicidad” consiste en que lo dicho por Garzón es contrario a los intereses de los jueces conjurados, monopolistas de la verdad y la interpretación válida del Derecho.

Actualmente, el juez Baltasar Garzón se encuentra suspendido aunque el proceso judicial aún no concluye. No sabemos que acciones tomarán los conjurados, pero sabemos de buenas fuentes que por el otro lado, en la sociedad que exige justicia, hay cerca de un MILLÓN de FIRMAS para APOYO al GRAN JUEZ BALTASAR GARZÓN (y hasta el momento que se cierra esta nota a 256,152 personas les gusta eso).

En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no quiso hacer justicia en el caso de los 49 infantes muertos en el incendio de la guardería pública ABC en Hermosillo, Sonora. El Máximo Tribunal mexicano, en ejercicio de la facultad de investigación de hechos que constituyan una grave violación de garantías individuales, determinó que sí hubo una violación de las garantías individuales de los 49 bebés muertos pero que no culpa ni exonera a nadie de ello.

En otras palabras, es decisión de la Corte no buscar la justicia, a pesar de la exigencia popular, en un caso trágico que es consecuencia de la irresponsabilidad y corrupción de los funcionarios públicos.

El ministro progresista Arturo Zaldivar (apoyado por brillantes argumentos de la ministra Olga Sánchez Cordero y por el consecuente y constante ministro Juan Silva Meza) presentó una serie de argumentos jurídicos por medio de los cuáles, de acuerdo a su interpretación, la SCJN no sólo podía sino debía, por una razón política y moral, responsabilizar a funcionarios públicos (con nombre y apellido) que administraron las instituciones gubernamentales y de seguridad social y que tenían la obligación de vigilar todos los procesos necesarios para que no ocurran este tipo de tragedias.

La interpretación se construía con criterios amplios, basados nuevamente en las fuentes formales del Derecho y como el argumento más importante, un sentido común de justicia en el Derecho. El ministro Zaldivar daba razón de la necesidad de hacer una interpretación del artículo 97 de la Constitución que diera respuesta a una demanda totalmente legítima de unos padres de familia y de una sociedad que pide a gritos encontrar en el Derecho algo que siempre les ha prometido: justicia.

El ministro Zaldivar propuso que dicha facultad –extraordinaria y especialísima- debe entenderse de acuerdo al rol constitucional que tiene la Suprema Corte en el nuevo sistema democrático: un garante supremo, revestido de la mayor autoridad constitucional, política y moral de los derechos establecidos por la Constitución. La función de la SCJN es la de señalar la existencia de violaciones graves a las garantías individuales y la responsabilidad constitucional, política y ética de los servidores públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas. Y planteaba una pregunta que todo México se hace: Tenemos cuarenta y nueve razones para ello, si la muerte de cuarenta y nueve niños no es suficiente para señalar a los responsables, ¿qué tiene que pasar en este país para que actuemos con energía?

Sin embargo, el Alto Tribunal, guardianes de la Constitución y del Derecho, decidió actuar dentro de los límites estructurales que la Carta Magna establece. Esos límites estructurales no los establece la Constitución, los estableció la SCJN cuando interpretaron el artículo 97 constitucional en ocasiones anteriores (el eterno discurso autorreferencial del Derecho).

En la discusión de la Corte no sólo se desestimó la interpretación del engarzonado ministro Zaldivar, sino que fue atacada como insostenible jurídicamente. Los ministros opositores se dedicaron a desacreditar el proyecto de dictamen con argumentos legaloides y propios de eso que un italiano muy famoso ha llamado el paleopositivismo. Incluso el ministro José Ramón Cossío, todavía en casos recientes, paladín de la justicia constitucional y cuyos criterios vanguardistas de interpretación habían sorprendido, presentó argumentos añejos y con olor a naftalina respecto a la moral y el Derecho.

Es la conjura de los jueces. No se espere justicia en las Cortes, los Tribunales o en los Juzgados. Es más, no se espere justicia del Derecho. Porque el Derecho debe ser interpretado para que tenga sentido. La interpretación de un acontecimiento o un fenómeno siempre es una perspectiva subjetiva. En el caso del Derecho -además de la ya mencionada Hermandad del Edictum Perpetuom- la hace un sujeto que no quiere hacer justicia ni darle al Derecho el sentido común que la sociedad espera. La interpretación válida del Derecho la llevan a cabo aquellos que están conjurados contra la justicia.

Fuente foto: www.cardozo.yu.edu/.../wigs/group-of-judges.jpg